España ya cuenta con una ley para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. La nueva norma, que entrará en vigor en abril, traerá nuevas obligaciones para todas las empresas pero en especial para aquellas con más de 50 trabajadores.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre dos Reales Decretos para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y elaborar y registrar los Planes de Igualdad (en las compañías en las que lo exija la ley). Entre otros, se tratan temas sobre cómo evaluar los puestos de trabajo, cómo se deberán realizar los registros salariales y las consecuencias de no tenerlos o incurrir en desigualdad salarial.

Registro Salarial

Estos registros salariales no son nada nuevo, de hecho ya era obligatorio recoger la información retributiva de todos los trabajadores de una empresa. La novedad que nos trae esta normativa es que para las empresas con más de 50 trabajadores se deberán recoger desglosadas por sexo, "la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable". Además también será obligatorio detallar los componentes de la retribución.

En las empresas con representación legal de trabajadores, éstos tendrán acceso a la información retribuida, desglosada y promediada y los empleados podrán solicitar el acceso al registro a través de dichos representantes. En las empresas donde no existe esta representación, la información que se facilitará por parte de la empresa se limitará a las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que deberán estar desagregadas en relación a la naturaleza de la retribución y sistema de clasificación aplicable.

Para realizar este registro, las empresas podrán utilizar el formato de documento que puede encontrarse en las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad.

Las empresas tendrán 6 meses, hasta abril, para adaptar estos registros salariales a los nuevos detalles reglamentarios que ya se han publicado en el BOE para conseguir así mayores niveles de transparencia en la empresa.

 

Planes de Igualdad y Auditorías

Con la segunda normativa publicada, referente a los Planes de Igualdad, se obligará a las compañías de más de 50 empleados, a realizar y registrar estos planes, estableciendo reglas de legitimación. La publicación del BOE explica en detalle el procedimiento para su negociación y registro y cuál será a partir de ahora el contenido mínimo de estos planes ya sea obligatorio o voluntario. Esta estandarización es algo muy positivo sobretodo para aquellas empresas que no tienen representantes legales.

Además, las empresas obligadas a realizar Planes de Igualdad deberán realizar también las correspondientes Auditorías. En ellas se presentará en detalle un diagnóstico de la situación salarial y las medidas concretas que se vayan a abordar, con un calendario y un órgano de seguimiento, es decir un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas.

Las auditorías podrán realizarse con recursos internos o podrán encargarse a empresas externas para garantizar la máxima calidad en las mismas.

 

Empresas obligadas a tener un Plan de Igualdad

  • De 151 a 250 personas: 1 años - Fecha límite 07/03/2020
  • De 101 a 150 personas: 2 años - Fecha límite 07/03/2021
  • De 50 a 100 personas: 3 años - Fecha límite 07/03/2022 

Para el cómputo de las personas trabajadoras se tendrá en cuenta:

  • Las personas trabajadoras de la empresa en su
  • Personas con contratos fijos discontinuos, contratos temporales, contratos a tiempo parcial.
  • Personas contratadas mediante ETT.

 

En España ya era ilegal que hombres y mujeres cobrasen diferente por realizar el mismo trabajo y este hecho podía denunciarse en una inspección de trabajo. La novedad que trae esta norma recientemente publicada son las medidas más fuertes para que esa brecha salarial no ocurra. Para garantizarlo, obliga a las empresas a ser más transparentes y a publicar los salarios de todos sus trabajadores.