No cabe duda que los ERTES han sido el salvavidas para muchas empresas y trabajadores durante este último año. De hecho, son muchos los que aún continúan en esta situación, que superaron las 900.000 personas el pasado mes de febrero. 

Las autonomías más afectadas por las restricciones y la falta de turistas, son también las más afectadas por los ERTE. Los servicios de comidas y bebidas, los servicios de alojamiento, las agencias de viajes, actividades de juegos de azar y transporte aéreo son los sectores que concentran el mayor número de personas en ERTE.

 

Las islas son las que han sufrido un mayor impacto, siendo la provincia de Las Palmas la que más trabajadores en ERTE tiene, con el 16% de los afiliados, seguida de Santa Cruz de Tenerife con un 13% y Baleares con un 12,4%. En términos absolutos, Cataluña y Andalucía son las que más empleados en ERTE tienen, con 190.902 y 121.398 respectivamente.

Si hablamos de paro, los datos son todavía más estremecedores pues ya son más de 4 millones las personas desempleadas en nuestro país.

 

Ampliación del Cese de la actividad 

Con tales datos, no es de extrañar que el Gobierno haya publicado que extenderá los ERTES  durante todo el año 2021 tal y como reclamaba la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Con esta nueva prórroga, son ya 5 los aplazamientos que han sufrido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, desde el mes de marzo del pasado año 2020 cuando entraron en vigor.

 

Fraudes y sanciones relacionadas con los ERTES

Poco después de comenzar los ERTES en nuestro país, el Ejecutivo mandó realizar controles e inspecciones de cara a evitar fraudes. Era de esperar que algunas empresas solicitaran trabajar a sus empleados en ERTE, mientras éstos cobraban su prestación y así poder ahorrarse su sueldo. Además, como muchos no tendrían que acudir al puesto de trabajo sino que podrían teletrabajar, sería muy difícil detectar el fraude. Otro de los fraudes más comunes que se han encontrado ha sido el de empleados que trabajaban periodos de tiempo más amplios de los que permitían sus reducciones de jornada.

Pues bien, tras haber realizado 29.047 inspecciones, se han detectado 4.588 fraudes, lo que supone más del 15%. En cuanto a las sanciones, de momento ascienden a casi los 22 millones de euros. Las empresas que comentan un fraude se enfrentan a multas de entre 6.000 y 200.000 euros, siendo la multa media que están teniendo que afrontar las empresas que ya han sido sancionadas de 4.550€.

Muchos de los fraudes se han detectado gracias a personas anónimas, ya sean trabajadores o personas externas a la empresa que, en conocimiento de una situación de fraude, han hecho llegar una denuncia anónima a través del Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este buzón anónimo del fraude, cualquier persona puede informar sobre una situación irregular en una empresa y facilitar así su investigación.

 

Consecuencias del fraude

Las consecuencias del fraude no son solo para las empresas infractoras, sino para el sistema en general. La afectada más visible es la Seguridad Social pues pierde cotizaciones y se conceden prestaciones a quien no corresponde. Además, hay que incrementar los recursos en los servicios de inspección, se pierde credibilidad en el sistema y se reducen las posibilidades de que estas ayudas puedan seguir vigentes en el futuro.

Si el número de fraudes sigue creciendo, será muy difícil que los ERTE puedan seguir ampliándose ya que no se puede permitir que ciertas empresas fraudulentas se aprovechen de las ayudas que otros necesitan para subsistir.